Asamblea Constituyente
Por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente
La Constitución Política del Estado no representa la voluntad soberana del
pueblo chileno. Fue impuesta en 1980 para legitimar una dictadura que violó
los derechos humanos y enriqueció a un puñado de empresarios que, mediante
espurias privatizaciones, se apoderaron de la mayor parte del patrimonio
público forjado con el trabajo y ahorro de generaciones de chilenos.
La Constitución actual ampara a los poderes fácticos que ayer se sirvieron
de la tiranía y que hoy gozan de ocultos e irritantes privilegios,
ejerciendo un control decisivo sobre la economía, las instituciones
políticas y los medios de comunicación. No sólo es ilegítima en su origen.
Es, además, antidemocrática, porque privilegia la renta y el lucro por sobre
la dignidad humana, deja los principales resortes del poder económico y
jurídico fuera del alcance y control de la ciudadanía y establece obstáculos
insalvables para su modificación. Representa, en definitiva, la continuidad
jurídica de la dictadura e impide el establecimiento de un régimen
verdaderamente democrático.
Todas y cada una de las frustraciones, dolores y angustias que afectan
gravemente la subsistencia y el bienestar de la gran mayoría de los
chilenos, derivan de un modelo económico e institucional que, amparado en la
Constitución de 1980, favorece la concentración monopólica de la propiedad y
agudiza la injusticia social. Así, el capital extranjero ha llegado a
controlar la mayor parte del cobre, los recursos hídricos, el sistema
previsional, la energía, el sistema bancario y las telecomunicaciones,
sangrando, a perpetuidad, el esfuerzo del trabajo nacional. La inestabilidad
y la precariedad del empleo, la deficiente atención en salud, educación y
vivienda, la gravísima destrucción del ecosistema, el deterioro de la
calidad de vida en nuestras ciudades, la impunidad que beneficia a muchos
civiles y militares responsables de graves crímenes contra la humanidad, la
discriminación y el desconocimiento de los derechos de los pueblos
originarios, la corrupción y el clientelismo presentes en el aparato
público, la crisis del transporte urbano y la escandalosa y creciente
desigualdad entre ricos y pobres, son resultado de un modelo económico e
institucional que se ampara en el Decreto Ley Nº 3464, dictado bajo Estado
de Sitio por la Junta Militar y denominado "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO". Las reformas parciales aprobadas en el plebiscito de 1989 y por
el Parlamento, desde 1990, han dejado intacta su naturaleza plutocrática y
autoritaria.
Porque nos asiste la convicción de que la mayoría de los chilenos, más allá
de sus diferencias ideológicas o valóricas, rechaza la constitución
pinochetista, hemos decidido iniciar un proceso de consulta y organización
ciudadana para exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente
encargada de elaborar una nueva Carta Fundamental, que restablezca los
grandes avances democráticos que Chile alcanzó en el siglo veinte, que haga
efectivas las libertades y derechos proclamados en las heroicas jornadas de
lucha contra la dictadura y que restituya la soberanía nacional a manos de
su único titular: el pueblo de Chile.
Deberemos afrontar enormes obstáculos que opondrán quienes se obstinan en
mantener sus mezquinos privilegios, a saber: la oligarquía y el
autoritarismo de viejo cuño que han sido capaces de cooptar a dirigentes
políticos que, en el pasado, criticaron a la dictadura pero que actúan ahora
como administradores de su nefasta herencia.
Para conservar la vieja institucionalidad, las elites privilegiadas fomentan
la apatía ciudadana y desalientan todo signo de cohesión y solidaridad en la
base social. Resultado de lo anterior es que, en 1989, los ciudadanos que no
participaron en las elecciones, o votaron nulo o blanco, representaban el
15,4%. Después de 16 años aumentaron al 42,5%. Confirma esta tendencia el
hecho de que entre el 85 % y el 90 % de los chilenos desconfían del
parlamento, del Poder Judicial y de los partidos políticos.
LLAMAMIENTO
El rumbo actual del país compromete gravemente el futuro de las jóvenes
generaciones y nos conduce inexorablemente a la pérdida de independencia,
libertad y dignidad. Chile, con su colosal riqueza y su extensa trayectoria
republicana, se encuentra en condiciones de proveer, con creces, la
satisfacción de las necesidades materiales, culturales y espirituales de
toda su población. Para que ello sea una realidad, no podemos soslayar los
temas institucionales.
No hay razones para resignarse y permitir que nuestro país permanezca, por
tiempo indefinido, bajo la tutela del capital foráneo y los poderes
fácticos locales.
Apelamos, por ello, a todas las reservas morales de la nación, a todos los
trabajadores, hombres y mujeres, que a diario viven en la incertidumbre de
su frágil subsistencia, a todos los empresarios hastiados de los privilegios
que se otorgan al capital extranjero, a todos los jóvenes que culminan
agobiadoras jornadas de estudio con un título de cesantes, a los sectores
religiosos que constatan la falta de escrúpulos y de valores de quienes
amasan fortunas atropellando la dignidad y los derechos ciudadanos; a los
adultos mayores, que tras una vida laboriosa son condenados a la pobreza por
las AFP que se apropian de sus ahorros previsionales con fines
especulativos; a lo mejor de la intelectualidad, a nuestra comunidad
científica y académica, a nuestros artistas y gestores culturales, a los
pueblos originarios, a todos los sectores que sufren discriminación de clase
o de género, para que sean parte activa en esta gran fuerza social y
política que demanda un orden social e institucional en armonía con nuestro
desarrollo histórico y cultural, abierto al conocimiento y a las nuevas
tendencias que se plantean la defensa de la especie humana ante el peligro
de una nueva catástrofe ecológica de impacto mundial.
Factor fundamental para el éxito de esta tarea es la superación constructiva
del sectarismo, el mesianismo y el dogmatismo, vicios que –paradojalmente-
sirven a la mantención del status quo, porque contribuyen a neutralizar la
fuerza de la mayoría ciudadana inspirada en ideales superiores de soberanía,
dignidad y libertad.
Nuestro objetivo no admite postergaciones ni ambigüedades: generar un gran
movimiento ciudadano que exija la convocatoria a una Asamblea Constituyente
que redacte una nueva Constitución Política del Estado en la que se
garanticen los derechos humanos, económicos y sociales, restableciendo la
soberanía nacional a manos del pueblo de Chile.
Entre otras acciones proponemos que, en las próximas elecciones municipales,
al momento de marcar nuestra preferencia, escribamos en la papeleta la frase
"Constitución democrática ahora" lo que, según la ley vigente, no invalida
el sufragio. Vigilaremos que esos votos sean rigurosamente escrutados,
computados y contados.
Llamamos a todos los chilenos y chilenas –donde sea que se encuentren- para
que, desde ahora mismo, suscriban este llamamiento, promuevan debates y
emprendan múltiples iniciativas tales como plebiscitos comunales, o
barriales, foros y charlas en agrupaciones estudiantiles, poblacionales,
campesinas, colegios profesionales, etc., que pongan de manifiesto el
mayoritario apoyo de los chilenos a una nueva Carta Fundamental.
De esta forma, paso a paso, se irá configurando una gran fuerza unitaria que
represente la aspiración colectiva de quienes amamos a Chile y nos sentimos
parte de un pueblo que, recogiendo las lecciones de la historia, asume la
construcción de su propio destino, entrañablemente hermanado con el de los
pueblos latinoamericanos y con la paz y la solidaridad en todo el planeta.
La Constitución Política del Estado no representa la voluntad soberana del
pueblo chileno. Fue impuesta en 1980 para legitimar una dictadura que violó
los derechos humanos y enriqueció a un puñado de empresarios que, mediante
espurias privatizaciones, se apoderaron de la mayor parte del patrimonio
público forjado con el trabajo y ahorro de generaciones de chilenos.
La Constitución actual ampara a los poderes fácticos que ayer se sirvieron
de la tiranía y que hoy gozan de ocultos e irritantes privilegios,
ejerciendo un control decisivo sobre la economía, las instituciones
políticas y los medios de comunicación. No sólo es ilegítima en su origen.
Es, además, antidemocrática, porque privilegia la renta y el lucro por sobre
la dignidad humana, deja los principales resortes del poder económico y
jurídico fuera del alcance y control de la ciudadanía y establece obstáculos
insalvables para su modificación. Representa, en definitiva, la continuidad
jurídica de la dictadura e impide el establecimiento de un régimen
verdaderamente democrático.
Todas y cada una de las frustraciones, dolores y angustias que afectan
gravemente la subsistencia y el bienestar de la gran mayoría de los
chilenos, derivan de un modelo económico e institucional que, amparado en la
Constitución de 1980, favorece la concentración monopólica de la propiedad y
agudiza la injusticia social. Así, el capital extranjero ha llegado a
controlar la mayor parte del cobre, los recursos hídricos, el sistema
previsional, la energía, el sistema bancario y las telecomunicaciones,
sangrando, a perpetuidad, el esfuerzo del trabajo nacional. La inestabilidad
y la precariedad del empleo, la deficiente atención en salud, educación y
vivienda, la gravísima destrucción del ecosistema, el deterioro de la
calidad de vida en nuestras ciudades, la impunidad que beneficia a muchos
civiles y militares responsables de graves crímenes contra la humanidad, la
discriminación y el desconocimiento de los derechos de los pueblos
originarios, la corrupción y el clientelismo presentes en el aparato
público, la crisis del transporte urbano y la escandalosa y creciente
desigualdad entre ricos y pobres, son resultado de un modelo económico e
institucional que se ampara en el Decreto Ley Nº 3464, dictado bajo Estado
de Sitio por la Junta Militar y denominado "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO". Las reformas parciales aprobadas en el plebiscito de 1989 y por
el Parlamento, desde 1990, han dejado intacta su naturaleza plutocrática y
autoritaria.
Porque nos asiste la convicción de que la mayoría de los chilenos, más allá
de sus diferencias ideológicas o valóricas, rechaza la constitución
pinochetista, hemos decidido iniciar un proceso de consulta y organización
ciudadana para exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente
encargada de elaborar una nueva Carta Fundamental, que restablezca los
grandes avances democráticos que Chile alcanzó en el siglo veinte, que haga
efectivas las libertades y derechos proclamados en las heroicas jornadas de
lucha contra la dictadura y que restituya la soberanía nacional a manos de
su único titular: el pueblo de Chile.
Deberemos afrontar enormes obstáculos que opondrán quienes se obstinan en
mantener sus mezquinos privilegios, a saber: la oligarquía y el
autoritarismo de viejo cuño que han sido capaces de cooptar a dirigentes
políticos que, en el pasado, criticaron a la dictadura pero que actúan ahora
como administradores de su nefasta herencia.
Para conservar la vieja institucionalidad, las elites privilegiadas fomentan
la apatía ciudadana y desalientan todo signo de cohesión y solidaridad en la
base social. Resultado de lo anterior es que, en 1989, los ciudadanos que no
participaron en las elecciones, o votaron nulo o blanco, representaban el
15,4%. Después de 16 años aumentaron al 42,5%. Confirma esta tendencia el
hecho de que entre el 85 % y el 90 % de los chilenos desconfían del
parlamento, del Poder Judicial y de los partidos políticos.
LLAMAMIENTO
El rumbo actual del país compromete gravemente el futuro de las jóvenes
generaciones y nos conduce inexorablemente a la pérdida de independencia,
libertad y dignidad. Chile, con su colosal riqueza y su extensa trayectoria
republicana, se encuentra en condiciones de proveer, con creces, la
satisfacción de las necesidades materiales, culturales y espirituales de
toda su población. Para que ello sea una realidad, no podemos soslayar los
temas institucionales.
No hay razones para resignarse y permitir que nuestro país permanezca, por
tiempo indefinido, bajo la tutela del capital foráneo y los poderes
fácticos locales.
Apelamos, por ello, a todas las reservas morales de la nación, a todos los
trabajadores, hombres y mujeres, que a diario viven en la incertidumbre de
su frágil subsistencia, a todos los empresarios hastiados de los privilegios
que se otorgan al capital extranjero, a todos los jóvenes que culminan
agobiadoras jornadas de estudio con un título de cesantes, a los sectores
religiosos que constatan la falta de escrúpulos y de valores de quienes
amasan fortunas atropellando la dignidad y los derechos ciudadanos; a los
adultos mayores, que tras una vida laboriosa son condenados a la pobreza por
las AFP que se apropian de sus ahorros previsionales con fines
especulativos; a lo mejor de la intelectualidad, a nuestra comunidad
científica y académica, a nuestros artistas y gestores culturales, a los
pueblos originarios, a todos los sectores que sufren discriminación de clase
o de género, para que sean parte activa en esta gran fuerza social y
política que demanda un orden social e institucional en armonía con nuestro
desarrollo histórico y cultural, abierto al conocimiento y a las nuevas
tendencias que se plantean la defensa de la especie humana ante el peligro
de una nueva catástrofe ecológica de impacto mundial.
Factor fundamental para el éxito de esta tarea es la superación constructiva
del sectarismo, el mesianismo y el dogmatismo, vicios que –paradojalmente-
sirven a la mantención del status quo, porque contribuyen a neutralizar la
fuerza de la mayoría ciudadana inspirada en ideales superiores de soberanía,
dignidad y libertad.
Nuestro objetivo no admite postergaciones ni ambigüedades: generar un gran
movimiento ciudadano que exija la convocatoria a una Asamblea Constituyente
que redacte una nueva Constitución Política del Estado en la que se
garanticen los derechos humanos, económicos y sociales, restableciendo la
soberanía nacional a manos del pueblo de Chile.
Entre otras acciones proponemos que, en las próximas elecciones municipales,
al momento de marcar nuestra preferencia, escribamos en la papeleta la frase
"Constitución democrática ahora" lo que, según la ley vigente, no invalida
el sufragio. Vigilaremos que esos votos sean rigurosamente escrutados,
computados y contados.
Llamamos a todos los chilenos y chilenas –donde sea que se encuentren- para
que, desde ahora mismo, suscriban este llamamiento, promuevan debates y
emprendan múltiples iniciativas tales como plebiscitos comunales, o
barriales, foros y charlas en agrupaciones estudiantiles, poblacionales,
campesinas, colegios profesionales, etc., que pongan de manifiesto el
mayoritario apoyo de los chilenos a una nueva Carta Fundamental.
De esta forma, paso a paso, se irá configurando una gran fuerza unitaria que
represente la aspiración colectiva de quienes amamos a Chile y nos sentimos
parte de un pueblo que, recogiendo las lecciones de la historia, asume la
construcción de su propio destino, entrañablemente hermanado con el de los
pueblos latinoamericanos y con la paz y la solidaridad en todo el planeta.
posted by clubcientifico at 9:44 p. m.
2 Comments:
ok ¿como sumamos mas personas?
hay que remecer las estructuras políticas, aunque tome tiempo, es algo necesario
Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Até mais.
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